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Silencio administrativo y corrupción

La corrupción de funcionarios públicos sigue siendo en Panamá una tarea pendiente. El Índice de Percepción de Corrupción de 2012, de Transparencia Internacional, nos coloca en la posición No. 83 en todo el mundo, con un puntaje de 38 (puntaje con base 100, 1 siendo lo más corrupto, 100 siendo el máximo puntaje que indica total transparencia). En América Latina Chile y Uruguay aparecen con 72 puntos cada uno. Nuestro vecino Costa Rica obtiene 54. Nuestro puntaje de 38 es vergonzoso, incluso dentro de la región latinoamericana (ni siquiera intento compararnos con Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda, países que ocupan los 3 primeros lugares con puntaje de 90).

La corrupción en sí es imposible de erradicar, por supuesto. En toda sociedad habrá personas corruptas. El problema con la corrupción se da cuando ésta se vuelve institucional y lo ocasional se vuelve normal. Lo importante entonces es ver por qué la corrupción se institucionaliza, para tomar las medidas para combatirla. Son dos los elementos principales con que convive la corrupción institucionalizada: impunidad y oportunidad.

Impunidad

Allí donde hay impunidad, seguirá habiendo corrupción. Pero seguirá habiendo impunidad en la medida en que en Panamá los que denuncian los actos de corrupción sigan siendo los perseguidos judicialmente. Son numerosos los casos en que periodistas u otros ciudadanos son acosados judicialmente, porque han tenido la osadía de denunciar actos de corrupción. Esto, mientras que el propio acto de corrupción denunciado queda sin investigación real y sin castigo.

Oportunidad

Decía el Senador romano Tácito que mientras más corrupto es el gobierno, más numerosas son las leyes. Piense en esa afirmación. Mientras más trabas burocráticas se tiran en el camino del ciudadano que quiere emprender un negocio, mayor oportunidad para los burócratas de cobrar coimas a cambio de levantar restricciones o de obviar requisitos. Mientras mayor la discrecionalidad del funcionario en la resolución de solicitudes de permisos, licencias o de cualquier trámite ante su despacho, mayor es la oportunidad que tiene dicho funcionario para cobrar a cambio de resolver el trámite a favor del solicitante.

La discrecionalidad de la Administración Pública es un problema también de garantía de los derechos del ciudadano frente al poder. Si la Administración Pública tiene discrecionalidad y no tiene que cumplir con plazos fatales para resolver las solicitudes del ciudadano, tiene el incentivo a mantener la solicitud en el sueño eterno. Es esta una de las formas en que trabaja la extorsión oficial (si quieres que tu expediente se mueva, ya sabes qué tienes que hacer). La manera de contrarrestar esto es con una medida doble: por un lado, el establecimiento de plazos fatales para la resolución de todo trámite o solicitud ciudadana, y por el otro el silencio administrativo positivo.

Silencio administrativo debe ser positivo, no negativo.

Actualmente todo funcionario público tiene un plazo establecido en la ley para resolver toda solicitud. Hay plazos específicos que rigen para determinados trámites, y para los que no tienen fijado en la ley un plazo en particular, les rige el plazo general de dos meses. Si la Administración Pública no resuelve dentro de dicho plazo, el solicitante tiene derecho a que su solicitud se tenga por negada. Es decir, quien incumple con su función de resolver los asuntos que entran a su despacho, es premiado, y la víctima de la omisión es castigada. Esto es lo que permite que los funcionarios corruptos pongan los expedientes a dormir el sueño eterno, hasta que el interesado se acerque a “negociar”.

Como dije, la solución va por invertir la carga del silencio administrativo, de tal manera que en caso de no resolución dentro del plazo, la solicitud se tenga por automáticamente concedida. Esto forzaría a la Administración Pública a hacer su trabajo. Y dado que para rechazar una solicitud se tiene que sustentar la decisión, y no se puede rechazar una solicitud por mero antojo del funcionario (al menos en teoría), ello haría considerablemente más difícil para el funcionario la extorsión a los ciudadanos.

Conclusión

Sostengo que mientras el silencio administrativo siga siendo tal que la carga repose sobre el ciudadano y no sobre el funcionario omiso, la corrupción seguirá siendo generalizada en nuestro país, hagan lo que hagan. Por ello propongo que se modifique la ley y se establezca el silencio administrativo positivo para todos los trámites ante la Administración Pública.