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La pandemia de coronavirus como evento de caso fortuito o fuerza mayor liberador de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones

Con motivo de la emergencia sanitaria declarada en Panamá por la pandemia de coronavirus, hay gran preocupación en muchos empresarios, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo en cuanto a obligaciones contractuales que implican costos fijos tales como arrendamientos. La preocupación surge principalmente porque, si el empresario no puede operar el establecimiento debido a que el gobierno ha ordenado su cierre -si es de los establecimientos cuyo cierre ha sido ordenado– o porque la declaración de emergencia sanitaria ha tenido el efecto de que colapse la afluencia de clientes -como puede ser el caso de ciertos tipos de establecimientos comerciales–, ¿cómo puede el empresario cumplir con esas obligaciones comerciales si no está generando negocio? En otro artículo ya vimos algunas de las opciones que el empresario tiene para, en materia de obligaciones de carácter laboral, aligerar su carga.

En el plano de obligaciones civiles y comerciales, existe una posible salida para algunos casos, que es la vía de invocar caso fortuito o fuerza mayor para quedar exento temporalmente de cumplir la obligación. Las normas relevantes están en el Código Civil, artículos 990 y 34d. Veamos:

Artículo 990. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.

Artículo 990 del Código Civil

Artículo 34d. Es fuerza mayor la situación producida por hechos del hombre, a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigos, y otros semejantes.

Es caso fortuito el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida índole.

Artículo 34d, Código Civil.

El 990 establece el principio de que el caso fortuito y la fuerza mayor pueden constituirse en eximentes del incumplimiento de obligaciones. El 34d define los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor.

Por ejemplo: si un propietario de establecimiento tipo bar, cantina o discoteca mantiene su establecimiento en un local arrendado, y recibe una orden gubernamental de cerrar temporalmente el establecimiento, con motivo de la emergencia sanitaria, dicho evento podría constituir un hecho de fuerza mayor. No se trata de una orden imputable al arrendatario, como lo sería si este hubiera incumplido alguna norma sanitaria que llevase a que la autoridad le ordenase el cierre temporal o definitivo. En dicho caso, el cierre sería imputable al arrendatario y por tanto no constituiría un hecho de fuerza mayor ni mucho menos un caso fortuito.

Sin embargo, en el caso de la pandemia de coronavirus, es claro que dicha pandemia no es un evento imputable al arrendatario ni al arrendador. Si el contrato de arrendamiento del local contempla que es para un establecimiento de bar, cantina o discoteca, y el gobierno nacional ordena el cierre temporal de dicho tipo de establecimientos, podríamos estar ante un evento de fuerza mayor, por tratarse de una situación producida por hechos del hombre (el decreto que declara la emergencia sanitaria y el decreto que ordena el cierre de los establecimientos en cuestión), al cual no es posible resistir.

No obstante, hay que atender también a lo que diga el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento pudiera contener alguna cláusula que restrinja el concepto de fuerza mayor aplicable al contrato. Pero la regla general es que si el contrato no dice nada, se entiende como incorporada una cláusula al efecto de que mientras dure la fuerza mayor, las obligaciones de las partes se suspenden, por hacerse imposible su cumplimiento.

El ejemplo de contrato de arrendamiento es solo eso, un ejemplo. Puede haber y seguramente los habrá, otro tipo de contratos en que pudiera caber la invocación de la fuerza mayor o el caso fortuito como causa de exención del cumplimiento de obligaciones recíprocas contractuales, cuando su cumplimiento sea imposible o de muy gravosa realización. La clave tanto en el caso fortuito como en la fuerza mayor está allí, en que dicho caso fortuito o fuerza mayor sean de tal impacto y gravedad que hagan imposible o de gravosa realización el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Si el caso fortuito o la fuerza mayor no tienen este impacto sustancial en la capacidad de las partes para continuar con sus obligaciones recíprocas, entonces no se constituye en eximente de responsabilidad.

En otras palabras, la determinación de si un hecho constituye o no caso fortuito o fuerza mayor debe ser determinado según el caso. A mi juicio, la pandemia de coronavirus que hoy vivimos es un caso fortuito que a su vez ha llevado a hechos de fuerza mayor (medidas de emergencia adoptadas por el gobierno nacional).

Por otro lado, el caso fortuito o la fuerza mayor por sí solos no eximen del cumplimiento de obligaciones contractuales, sino que debe concurrir el elemento de que el caso fortuito o la fuerza mayor en cuestión sean de tal impacto en las obligaciones correspondientes, que hagan su cumplimiento imposible o de muy gravosa realización, frente a lo que las partes habían previsto al momento de contratar.

Puede haber obligaciones contractuales como de transporte, de suministro de mercancías, de celebración de eventos (e.g. bodas, conciertos, presentaciones teatrales), y otras cuyo cumplimiento haya devenido imposible o de muy difícil cumplimiento, por razón ya sea de la pandemia como caso fortuito o de las acciones tomadas y ordenadas por el gobierno nacional para mitigar las consecuencias de la pandemia, como hecho de fuerza mayor.

Las figuras de la fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad de obligaciones civiles es una figura de equidad. Desde al menos el Derecho Romano nos vienen legadas, y están inspiradas en la idea de que hay situaciones imprevistas de tal impacto, que luego de ocurridas, exigir a una de las partes -o ambas– continuar cumpliendo sus obligaciones contractuales como si nada hubiese ocurrido degeneraría en obvias y crueles injusticias, lo que a su vez podría llevar a descontento social. El derecho, recordemos, es un elemento fundamental de la vida pacífica en sociedad. Los asociados se someten voluntariamente al derecho estatal, en la medida en que perciban que tanto el derecho sustantivo como la adjudicación de justicia por parte de los jueces es razonablemente justa e imparcial. En la medida en que la sociedad de forma generalizada perciba que ya sea el derecho sustantivo, o la adjudicación del derecho en los casos concretos por los jueces, es injusta, el respeto por el derecho se viene abajo y no es posible la vida pacífica en sociedad en esas condiciones. De allí que por equidad se requiere estas válvulas de escape que permitan en circunstancias excepcionales liberar del cumplimiento de ciertas obligaciones cuando ello sea imperativo por un universal principio de equidad.

Por último, nuevamente, la determinación de si los actos del gobierno nacional tomados en razón de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, constituyen o no en determinado caso eventos que podrían considerarse como de caso fortuito o de fuerza mayor para eximir de responsabilidad a una o más partes en una relación contractual, por el incumplimiento de obligaciones pactadas, dependerá de las particularidades del caso concreto. Pero es algo que los empresarios deben tener en cuenta.

Actualización 20.03.2020

Hoy 20 de marzo, el Ejecutivo ha emitido Decreto Ejecutivo No. 500 de 2020, ordenado cierre de todo tipo de empresas y establecimientos, en todo el territorio de la República, salvo las empresas o establecimientos en las actividades exceptuadas. El decreto entra en vigor a las 11.59 p.m. de la noche del viernes 20 de marzo y tendrá vigencia de 30 días calendario. El detalle sobre las actividades exceptuadas, en esta entrada.