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Aclaraciones sobre el Mar Territorial panameño

El presente artículo es una transcripción -con algunos cambios— de un reciente hilo que escribí en Twitter, sobre el ruido generado en días recientes sobre la supuesta reducción del mar territorial de la República de Panamá. 

No soy experto en Derercho Internacional, ni mucho menos. Sin embargo, elaboré el hilo en twitter el día lunes 30 de agosto, debido al ruido que desde fines de la semana anterior se estuvo dando en redes sociales, con respecto a una supuesta reducción del mar territorial que, decía el rumor, se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional. Mucha desinformación estaba siendo difundida en redes sociales y decidí elaborar la aclaración como forma de aportar para evitar la confusión a la población en general.

Históricamente el principio que rige en el mar es el de la libertad de los mares (Mare Liberum) y por tanto libertad de navegación. La soberanía de un estado sobre determinada franja desde la costa, es la excepción, no la regla. Hace siglos las potencias europeas consideraban que el mar territorial era de 3 millas náuticas (3mn) desde la costa. ¿Por qué 3mn? Por derivación del principio de Derercho Internacional de que para reclamar soberanía sobre X territorio, debes poder ejercer dicha soberanía de forma efectiva.

Para el Derecho Internacional la soberanía no es una declaración poética de aspiraciones, sino algo que debe ejercerse de forma efectiva. Pues bien, hace siglos, 3mn era el alcance máximo de una bala de cañón disparada desde la costa. Así surgió la “regla de la bala de cañón” de las 3mn. A mediados d S.XX algunos países latinoamericanos con costas frente a corriente de Humboldt (Chile, Ecuador y Perú) reclamaron mar territorial de 200mn. Adujeron necesidad de extender mar territorial para proteger fauna marina frente a pesca industrial y la contaminación de los mares. La comunidad internacional reconoció que había un problema de sobrepesca en aguas internacionales por aquello de la tragedia de los comunes, pero extender mar territorial a 200mn acabaría con Mare Liberum, algo impensable y que ninguna potencia marítima jamás aceptaría.

La sobrepesca en aguas internacionales comenzó a generar conflictos. Por ello, y para evitar también conflictos por recursos mineros del lecho y subsuelo marinos, llevó a que la ONU sirviera de foro a negociación para resolver el problema de modo que no perjudicara Mare Liberum. Esto culminó en la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay, Jamaica, en 1982 (por ello también conocida como la “Convención de Montego Bay”). Panamá firmó y ratificó esta Convención en los años 90.

La Convención de Montego Bay establece tres zonas:

  1. Mar Territorial, que cada estado ribereño puede establecer hasta un máximo de 12mn;
  2. Zona Contigua de 12mn, para seguimiento de infracciones cometidas dentro del mar territorial, y
  3. Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200mn, sobre la que el estado ribereño tiene soberanía pero solo sobre recursos ictiológicos del mar, y sobre los recursos mineros del lecho y subsuelo marinos. Para efectos de navegación (marítima y aérea), las aguas de la ZEE son aguas internacionales.

El Proyecto de Ley No. 637 (PL637), que ha generado ruido por la supuesta reducción de la extensión de nuestro mar territorial, explica en su Exposición de Motivos la necesidad de fijar los puntos de partida para la medida de las 12mn. El PL637 no determina la extensión del mar territorial, pues con base en la Ley 38 de 1996, mediante la que Panamá ratificó y se adhirió a la Convención de Montego Bay (que entró oficialmente en vigencia en 1994), el mar territorial de Panamá es 12mn.

En otras palabras:

  1. El mar territorial de la República de Panamá es de 12mn desde hace mucho tiempo, y
  2. la extensión sobre la que Panamá ejerce soberanía respecto de sus recursos pesqueros, y sobre los recursos mineros del lecho y subsuelo marinos, es y seguirá siendo de 200mn.

Actualización al 10 de septiembre de 2018: el Proyecto de Ley No. 637 fue aprobado y sancionado por el presidente de la República, convirtiéndose así en la Ley No. 47 de 2018, que fue promulgada en Gaceta Oficial No. 28602.